A Carla Vanesa Calderón la violaba constantemente un conocido de la familia y quedó embarazada con 12 años de edad. Las autoridades de Nicaragua no le permitieron abortar y se vio forzada a parir.
Maira Verónica Figueroa Marroquín cumplió 15 años de prisión en una cárcel de El Salvador, condenada por homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo debido a un problema obstétrico.
La dominicana Rosaura Almonte Hernández fue diagnosticada con leucemia mientras estaba embarazada, pero no recibió tratamiento. Los médicos se negaron a proporcionárselo porque habrían puesto en peligro el feto. Murió con 16 años, pero la prensa la bautizó como Esperancita.
Ellas son los rostros de la pesadilla que significa para muchas quedarse encinta en América Latina, una región que concentra algunas de las leyes más rígidas del mundo en derechos reproductivos.
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud(OMS ) y del Instituto Guttmacher, más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas.
40 años por abortar
El aborto está prohibido, sin excepción alguna, en seis países de latinoamérica: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En el otro extremo están: Cuba, Guyana y Guyana francesa, donde la interrupción voluntaria del embarazo no tiene restricciones. En el caso de Uruguay, esta práctica es legal dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. En Argentina, el proyecto de ley para la despenalización del aborto fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado. Otros nueve países de la región lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer y solo unos pocos ofrecen excepciones limitadas en casos de violación (Colombia, Brasil, Chile, México y Panamá) y anormalidad fetal grave (Colombia, Chile, Panamá y casi la mitad de los estados de México).
Las restricciones no disuaden a las mujeres. Sí incrementan los abortos clandestinos practicados sin las normas mínimas de higiene y salud.
El Salvador tiene condenas de hasta 40 años para las mujeres que abortan, incluso de forma involuntaria. Como María Teresa Rivera, que en 2012 fue condenada a 40 años por homicidio agravado al sufrir un aborto en la 21ª semana de gestación. Su suegra la encontró casi inconsciente con una gran hemorragia. El hospital donde fue trasladada la denunció.
Finalmente, en 2016, un tribunal anuló el fallo después de que su caso fuera muy criticado por organismos de derechos humanos. “Son condenas injustas. Mujeres que pasan años privadas de su libertad por haber sufrido un aborto espontáneo o un parto con complicaciones médicas en los que la criatura murió por causas naturales…”, señala Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en ese país. “Son problemas de salud pública que no se atienden como tales ya que son abordados como un problema judicial”, agrega.
Una realidad trágica que agudiza el escaso acceso a los anticonceptivos modernos. “El país se está quedando atrás en cuanto a derechos de las mujeres en general. No hay un acceso efectivo ni a educación sexual y reproductiva, ni a métodos de planificación para que los jóvenes puedan prevenir”, explica por su parte la abogada Bertha María De León.
Esperancita y las otras caras del aborto
Las leyes prohibitivas no impiden que las mujeres tengan abortos, de hecho, según las estadísticas, sucede lo contrario. El Parlamento de Uruguay aprobó en 2012 la despenalización del aborto y desde entonces se ha reducido el número de abortos anuales de 30 mil a 9 mil, de acuerdo con los informes del Ministerio de Salud Pública. Leonel Briozzo, que se define ‘provida’, era subsecretario de esa cartera cuando se pusieron los fundamentos jurídicos para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
En declaraciones al diario argentino La Nación, defiende que las políticas públicas aplicadas han hecho que Uruguay se sitúe entre los países con menos cantidad de abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
“Esto es un producto fundamental de la política de reducción de riesgo y daño y de la despenalización; es lo único que puede explicar que estemos a niveles de Bélgica o de Suecia en el número de abortos. Hemos disminuido mucho el número de embarazos no deseados porque hemos aumentado mucho la anticoncepción posaborto”, indica.
Además, gracias a esta ley, Uruguay se convirtió en el segundo país de América después de Canadá con menores tasas de mortalidad materna e infantil. “Es un resultado extraordinario. También disminuyó la enfermedad materna grave, vinculada fundamentalmente a que ya no existen o son muy infrecuentes las infecciones y hemorragias provocadas por el aborto clandestino”, asegura.
Más prohibiciones, pero no menos abortos
Las restricciones no disuaden a las mujeres. Sí incrementan los abortos clandestinos practicados sin las normas mínimas de higiene y salud. Según datos del Instituto Guttmacher, en América Latina solo 1 de cada 4 abortos de los practicados de 2010 a 2014 fue seguro. Lo que supone que cada año cerca de 760,000 mujeres tienen que recibir tratamiento por complicaciones de abortos inseguros.
Solo en 2014, el 10% del total de las muertes maternas se debió a abortos clandestinos, causadas sobre todo por la pérdida excesiva de sangre y la infección.