La primera vez que Olimpia Coral Melo fue a denunciar que se estaba compartiendo un video de ella, sin su consentimiento, el agente que la atendió le pidió verlo.

Ella le mostró el video, él empezó a reírse y no despegó los ojos de aquellas imágenes de contenido sexual donde ella estaba con su novio, aunque él lo negara.

“No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo con el código penal no hay delito”, fue la respuesta del representante la justicia, según contó Olimpia a la BBC en el año 2019.

La frustración que le provocó aquella respuesta fue una de las razones que la impulsó a seguir su reclamo para que se reconociera en México que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento de una persona es un delito. Años después de humillación, burla y rechazos, obtuvo sus frutos.


Olimpia en Panamá

En agosto, la diputada Yarelis Rodríguez propuso en Panamá un anteproyecto de ley que establece políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática. Actualmente, en Panamá no se tipifica como delito el compartir o distribuir imágenes de desnudez o contenido íntimo sexual sin consentimiento, lo que puede causar daño psicológico y emocional. La legislación vigente solo protege la difusión de este tipo de imágenes en el caso de menores de edad, considerándolas pornografía infantil.

La mexicana, hoy reconocida activista, ha estado en Panamá para compartir su experiencia y mostrar por qué la violencia digital sexual es dañina y debe ser sancionada.


El daño que no se ve

Tres veces intentó Olimpia quitarse la vida. Todos en su pueblo hablaban de ella. Su novio negó que él estaba con ella en ese video. La edición del periódico local se agotó en pocas horas el día que publicó la noticia de su video y la describió como una chica con un gran futuro, pero que “estaba quemada en las redes sociales”. En esas mismas redes hombres le pedían servicios sexuales.

Estuvo encerrada en su casa ocho meses.

A la BBC, Olimpia contó en 2018, que hubo dos hechos que la ayudaron a seguir. Su mamá, después de reponerse de la noticia, le dijo que no debía avergonzarse pues ella no había cometido un crimen. Lo que hacía en el video es algo que todos hacían, pero a ella la estaban viendo hacerlo y por eso la criticaban.

También la decidió tomar acción un mensaje de un amigo que le envió ejemplos de cómo en redes sociales las mujeres son atacadas y consideradas objetos sexuales.

Después de no encontrar una respuesta en la policía, Olimpia se dedicó a contactar a mujeres que habían pasado por situaciones similares.

Decidió hacer una propuesta que hiciera cambiar las leyes en Puebla. Algunos le recomendaron no hacerlo porque eso significaría volver a mostrar el video. Pero ella pensó que ciertamente esas leyes no harían justicia para ella, pero si podrían evitar que una persona quisiera quitarse la vida.

El día en que se presentó en el Palacio Municipal con esta iniciativa ciudadana, hubo muchos murmullos. Ella se presentó diciendo: “Soy la gordibuena de Huauchinango”, un apodo que le habían impuesto como burla. Tenía 19 años. Además, mostró capturas de pantalla que evidenciaban que muchos de los presentes habían dado “me gusta” a su video. Ellos eran los que habían hecho algo malo.

Cada “like” a esas publicaciones es una agresión, cada “me gusta” es un golpe. Cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió es como una violación, dice la activista.

Su iniciativa provocó cambios en Puebla y posteriormente en otros estados de México. La legislación que tipifica la violencia digital y el abuso sexual en línea es uno de sus logros más destacados. Además, la Ley Olimpia, que recibió su nombre gracias a una periodista que empezó a llamarla así, no solo abrió el debate sobre este tema, sino que también promovió el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Lo que hoy en México y otras partes del mundo se llama Ley Olimpia no es una solo. Se compone de un conjunto de reformas legislativas que sanciona delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digital, lo que constituye parte de acoso digital. Entre esas delitos está el grabar por audio o video, fotografiar o elaborar vídeos reales o simulados, de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

También lo es exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir estás imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo de una persona, con conocimiento de que no existe el consentimiento de la persona.

La Ley Olimpia, que se aprobó en México en 2020, mostró lo que entonces no era evidente: que las acciones en el entorno digital afectan a las personas.


Además de legislar, educar

Tipificar el delito de violencia digital sexual es parte de la solución, pero no bastará si no hay educación, comenta Karen Vergara, periodista chilena con una maestría en estudios de género y que hace unas semanas estuvo en Panamá.

Karen forma parte de la organización Amaranta, que en Chile ha generado estudios y campañas que sensibilizan sobre los efectos de la violencia digital. Una de sus campañas tenía por nombre Lo digital es real. La experta expresa que hace cinco años muchas personas en su país no podían contestar a la pregunta de si habían experimentado violencia digital, pero una vez que se les describía los actos muchas respondían que sí.

Adultos y profesionales de la educación insisten en un enfoque restrictivo que invita a las jóvenes a mantener privadas sus redes sociales y evitar grabar videos íntimos, como una manera de prevención. Pero para Vergara, mientras no se imparta educación sexual integral, seguirá creciendo el morbo alrededor del cuerpo femenino, el mismo que promueve la conducta de compartir imágenes íntimas de una persona solo porque sí.

Agrega: “Lo que debería ocurrir es que si alguien te pasa una foto, no la vas a compartir porque no te interesa, porque es como otra imagen más de alguien ejerciendo su sexualidad”.

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