El proceso de denuncia y búsqueda de justicia es un desafío para las mujeres que viven violencia doméstica. Solo una pequeña proporción de denuncias termina en una sentencia. Alrededor del 20%, según cifras del Ministerio Público.
En 2022, el Ministerio Público registró 17,658 denuncias por casos de violencia doméstica, y solo se logró formular cargos en 3,635 casos. El Órgano Judicial, en tanto, dictó 678 sentencias por este delito. Las cifras de los últimos cinco años son similares.
Detrás de esas cifras, hay muchas barreras que dificultan el acceso a la justicia. El proceso es largo, como lo demuestra la sentencia a favor que obtuvo una empresaria panameña después de cinco años de haber denunciado. En 2018, su esposo la dejó 10 días incapacitada y ella interpuso una denuncia. En 2020, ella hizo público su caso y contó en redes sociales: “Lucho contra fiscales que pierden pruebas, se niegan a practicarlas, se rehúsan a investigar y no nos creen”.
El culparla de lo ocurrido, minimizar lo que le pasó, hacer que repita una y otra vez lo vivido es parte de la revictimización, un nuevo maltrato que sufren las víctimas, esta vez, por el sistema de justicia y la sociedad. La Ley 82 del 24 de octubre de 2013 sobre medidas de prevención contra la violencia en las mujeres, define la revictimización de esta manera: “sometimiento de la víctima a una nueva violación de sus derechos legítimos, como resultado de la gestión de las instituciones sociales y gubernamentales intervinientes en la prevención, detección, atención y sanción de la violencia contra las mujeres”.
‘No es su culpa’
En Soná, Veraguas, a cuatro horas y media de la provincia de Panamá, está el Centro de Gestión Local para el Desarrollo Sostenible de Soná, Cegel Sonare, dirigido por Maris Rodríguez. Quienes la consultan por primera vez le llaman licenciada o profesora, pues es conocido su trabajo de orientación hacia la comunidad. Ella aclara que no tiene un título universitario. Creció en un hogar donde se ejercía violencia doméstica, sus padres se separaron y los hermanos se criaron separados enfrentando muchos retos para educarse.
Antes de salir de la escuela secundaria, Maris ya estaba embarazada. Ella piensa que su historia es una muestra de cómo la violencia doméstica afecta a los hijos. Gracias a varias capacitaciones en el tema de derechos humanos y derechos de la mujer (sus certificaciones están exhibidas en el centro), Maris también orienta a víctimas de violencia doméstica.
“No es su culpa. Es lo primero que les digo. El responsable es quien ejerce la violencia”, cuenta Rodríguez. Considera que es importante decir eso porque a muchos agresores se les escucha decir: “ella me provoca”. Y hay en la cultura popular un imaginario sobre que hay cosas que hace la mujer que son disparadores de violencia.
La primera ayuda que esta activista les da a quienes acuden a ella es escucharlas y preguntarles cómo quieren ser ayudadas. Algunas deciden seguir adelante, otras dan un paso atrás”.
Para las mujeres en comunidades pequeñas, donde todos se conocen, es mayor el temor a quedar expuestas al qué dirán. “Las palabras no quiebran huesos”, es una frase que ella ha escuchado y que subraya la mentalidad de muchas víctimas que minimizan la gravedad de la violencia.
¿A ella le gusta?
Cuando las personas ven a una mujer que denuncia, pero vuelve con su esposo y después es violentada de nuevo, aparece la sanción de la sociedad: ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué sigue con él? La directora de Cegel Sonare suele decir a las personas: “tal vez usted sí lo dejaría [a un esposo violento], pero usted no está en la mente de esa otra persona”. Agrega que en el ciclo de la violencia, los estallidos agresivos vienen seguidos de perdón y promesas de cambio. Muchas mujeres quieren dar una nueva oportunidad a esa relación, al padre de sus hijos. Pero temprano o tarde, a veces pasan años, la agresión vuelve.
La revictimización de las mujeres que denuncian violencia doméstica en Panamá es un fenómeno que tiene sus raíces en la percepción de género. Las mujeres, desde una edad temprana, son socializadas para cumplir con roles que las subestiman frente a los hombres. La sociedad tiende a responsabilizar a las víctimas, preguntando por qué no abandonaron la relación antes o por qué no se cuidaron. Esto perpetúa la idea de que las mujeres deben ser fuertes y resistentes en lugar de recibir apoyo cuando más lo necesitan, expresa la trabajadora social e investigadora Siria Martínez, coautora del Estudio contra la violencia a mujeres mayores en Panamá (2022).
Martinez relata un caso por el que recién fue consultada: una joven cuya pareja la mantenía encerrada con llave en casa. Ella logró escapar y los vecinos la llevaron a la Casa de Paz, donde la respuesta del juez de paz fue que ella debía traer a la pareja. El funcionario reprendió a los vecinos porque consideraba que ese era un asunto de pareja y en el que ellos no tenían que intervenir.
Muchas personas no conocen el ciclo de la violencia, pero sí lo debería conocer el personal y los funcionarios que atienden a las víctimas.
El culpar a la mujer de lo ocurrido, minimizar lo que le pasó, hacer que repita una y otra vez lo vivido es parte de la revictimización, un nuevo maltrato que sufren las víctimas, esta vez, por el sistema de justicia y la sociedad.
‘Y usted, por qué lo permitió’
Las activistas defensoras de los derechos de la mujer suelen referir a las víctimas con algún funcionario o funcionaria en particular a la hora de buscar ayuda en las instituciones. Cuando no consiguen a esa persona, es probable que ocurra lo que vivió una madre que denunció el abuso sexual de su hija, la funcionaria que la atendió la cuestionó: “¿pero, dónde estaba usted?”, “A las niñas hay que cuidarlas”. Los funcionarios que atienden a víctimas de violencia no deben emitir juicios que hagan sentir a las víctimas culpables de lo que pasó. Eso es revictimizar.
Alejandra Chena, de la dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, ha escuchado quejas de víctimas que asistieron a una institución y el funcionario hizo un comentario o las juzgó. En esos casos se puede interponer una queja contra el funcionario.
Ante las tantas denuncias de violencia doméstica, hay funcionarios que también optan por instar a la mujer a no denunciar, según testimonios que recoge el Informe Diagnóstico de situación de los servicios esenciales para mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia en Panamá (2018). A una mujer le preguntaron en la fiscalía: “¿Usted trabaja?”, “¿Depende de él?”, “Mire que esto es serio, que si le echan 5 años de prisión, ¿qué va usted a hacer?”, “Se va a morir de hambre, sus hijos nunca se lo van a perdonar”.
Un testimonio de una fiscalía en Darién, la víctima es una mujer indígena: “¿Qué te pasó?”, “¿Qué le hiciste?”, “Oye, esto va a demorar”.
A veces, las mujeres vuelven a la institución que las refirió desde la Fiscalía con una constancia firmada (formulario 5) de haber sido atendidas y su decisión de no interponer denuncia.
Por otra parte, las instalaciones donde se realizan las denuncias de violencia doméstica no siempre permiten privacidad. Una y otra vez las personas deben repetir lo que han vivido. Desde 2015, Panamá adoptó el uso de las cámaras Gesell, una herramienta que permite observar y grabar interacciones humanas en un entorno controlado y sin que los participantes se den cuenta de que están siendo observados; este recurso se usa en Panamá con víctimas menores de edad.
El arduo camino que deben seguir las mujeres que denuncian se resume en este testimonio: “La investigación se centra en la víctima, la que está en tela de juicio es la víctima, la que tiene que probar que es víctima es la víctima. Es como si la víctima fuera la investigada, es la que declara una y otra vez, es a la que envían a evaluar una y otra vez. Si la víctima muestra que es víctima la investigación avanza”, afirma un representante del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses citada en el informe Diagnóstico de situación de los servicios esenciales para mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia en Panamá, Unfpa 2019.
La Ley 82 reconoce el riesgo de revictimización por parte de las instituciones. Así, define la violencia institucional como aquella ejercida por profesionales, personal y agentes de cualquier institución del Estado, nacional o comarcal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a los recursos para su desempeño, y ejerzan los derechos previstos en esta ley o cualquier otra.
Por otra parte, el maltrato judicial es la desigualdad de trato por parte de las autoridades judiciales, basada en estereotipos sexuales, que pone en desventaja a las mujeres. Incluye el desconocimiento y no aplicación de las convenciones internacionales de protección de derechos humanos, no dar la debida importancia a los delitos de violencia contra las mujeres, no tomar en cuenta el síndrome de dependencia afectiva que pueden sufrir las mujeres en la valoración del caso, limitar a las víctimas en su relato durante la audiencia y no valorar el riesgo para la víctima al momento de otorgar fianza o excarcelación.
La revictimización no solo ocurre en el sistema de justicia, también en algunas comunidades religiosas, donde se insta a las víctimas a soportar el abuso en lugar de buscar ayuda. Esto solo perpetúa el ciclo de violencia, según coinciden distintas activistas en favor de los derechos de la mujer.
Capacitar a los funcionarios que atienden víctimas de violencia sería clave para que las personas tuvieran sensibilidad sobre el tema. Jennifer Delgado opina que sí ha habido esfuerzos de capacitación, pero la alta rotación del personal en las instituciones es un obstáculo para mantener a todos actualizados.
Encontrarse con profesionales que carecen de la sensibilidad y la comprensión necesarias puede hacer que las víctimas no continúen con el proceso de denuncia, dice la directora de APLAFA, Jennifer Delgado.
Agrega Delgado que es crucial recopilar toda la información necesaria en ese primer acercamiento, ya sea que se trate de violencia física o sexual. La evaluación forense y psicológica también debe llevarse a cabo lo más rápido posible.
El problema de revictimización que enfrentan las panameñas al denunciar violencia doméstica es un desafío complejo y multifacético. Para superarlo, se requiere una respuesta colectiva, empática y una mayor concienciación de la sociedad panameña. La justicia debe ser un lugar seguro y comprensivo para las víctimas de violencia de género.
Esta Investigación es parte de la serie Persisten los desafíos en el acceso a la justicia por violencia de género del programa de investigación periodística Becas Justicia Hoy de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. La siguiente entrega será el 8 de diciembre.
