Panamá ha establecido un marco jurídico exhaustivo para abordar la violencia de género, pero el acceso efectivo a la justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica sigue siendo un reto.
En 2022, el Ministerio Público registró 17,658 denuncias por casos de violencia doméstica, según cifras disponibles en su sitio web. Ese mismo año se formularon cargos en 3,635 casos. Mientras, en el Órgano Judicial se dictó sentencia en 678 casos por este delito. Hay que hacer la salvedad de que los casos que se denuncian no se resuelven en el mismo año.
Si se retrocede un año, a 2021, se pueden encontrar cifras similares. Ese año se presentaron 17,422 denuncias y se formuló imputación en 3,429 casos. En tanto, se llegó a sentencias en 437 expedientes por violencia doméstica. Ese año la tasa de formulación de imputaciones en relación con las denuncias iniciales fue de aproximadamente 19.7%. El porcentaje de casos con sentencia en relación con las denuncias iniciales fue de alrededor del 2.5%.
Al igual que en el año 2022, en 2021 el número de denuncias iniciales por violencia doméstica fue muy superior al de las sentencias. Esto sugiere que hay desafíos en el sistema de justicia panameño en términos de llevar los casos de violencia doméstica hasta una resolución legal.
En la Ley 38 de 2001 que reforma y adiciona articulos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones se define la violencia doméstica como un patrón de comportamiento en el cual alguien, cercano a la víctima, utiliza la fuerza física, violencia sexual, intimidación o persecución. También se incluye la violencia patrimonial y psicológica.
La violencia doméstica está en la categoría de delitos contra el Orden jurídico familiar y el estado civil. Dentro de esa área que incluye la bigamia, el maltrato a los menores de edad y el maltrato a los adultos mayores; las denuncias por violencia doméstica rondan el 80% del total, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público.
‘No sabía que eso era violencia’
En un principio las víctimas ignoran que lo son. Hay conductas que se han normalizado en los hogares: Los gritos, las burlas y las humillaciones. Pero, también los celos, el control de lo que se viste o a dónde se va y con quién.
Ayudar a las mujeres a identificar y comprender los diferentes tipos de violencia es fundamental, explica Yaravy Almanza, psicóloga y directora del Centro de Atención Integral, CAI, del Ministerio de la Mujer en la ciudad de Panamá.
El CAI exhibe en una de sus salas “el violentómetro”, un gráfico que clasifica diferentes comportamientos en una relación de pareja en función de su nivel de agresividad, con el objetivo de ayudar a las personas a reconocer si están en una relación potencialmente peligrosa y fomentar la denuncia o la búsqueda de ayuda. Muchas mujeres que ven ese gráfico por primera vez dicen: “no sabía que yo estaba siendo víctima de violencia”.
Cada día entre 6 y 12 mujeres se acercan al CAI de ciudad de Panamá para recibir asesoría sobre violencia doméstica. El Ministerio de la Mujer tiene 17 de estos centros en el país, que cuentan con psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas.
Almanza, quien tiene tres décadas trabajando con mujeres víctimas de violencia, explica que muchas de las que llegan al CAI exponen su caso buscando orientación o para que alguien hablé con su pareja violenta, con la esperanza de que esta cambie. No tienen idea de que lo que hace su esposo es violencia y eso es un delito, explica la psicóloga.
Un estudio realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en España, en 2019, reveló que las mujeres españolas tardan en promedio 8 años y 8 meses para denunciar a su agresor. Los resultados de la investigación mostraron que el momento de quiebre que impulsa a una víctima de violencia de género a denunciar está ligado al grave daño psicológico que ha experimentado (un 54%), al daño causado por la última agresión (un 41%), y al momento en que los hijos/as son conscientes de la violencia doméstica (un 30 %).
En el laberinto de la denuncia
Alessandra Chena, directora de Protección de los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo confirma que la mayoría de las consultas que llegan a su oficina son por violencia doméstica. Ellas ofrecen apoyo en situaciones judiciales, proporcionando acompañamiento durante el proceso, coordinan con autoridades, como la fiscalía, para que la víctima presente su denuncia.
La falta de conocimiento sobre los derechos en situaciones de violencia de género, especialmente entre poblaciones vulnerables como los migrantes, es evidente.
Aunque el Ministerio Público e instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo tienen en su página web información sobre dónde denunciar, y existen sitios como Violencia Doméstica – TuPista.org, las personas que buscan orientación recurren primero a fuentes no oficiales, como activistas o personas que conocen del tema. Esta es una forma de minimizar el riesgo de vergüenza o de juzgamiento que puede recibir quien denuncia estos delitos.
Siria Martínez es una trabajadora social que suele recibir ese tipo de consultas. Las personas no saben por dónde empezar y en su experiencia es muy común que si van a denunciar se encuentren con funcionarios o autoridades que no tienen una perspectiva de género y que ponen por delante sus propios prejuicios y creencias, incluso religiosas, sobre lo que debe ser una relación de pareja o el papel que la mujer debe cumplir en ella.
Muchos funcionarios insinúan a las víctimas que lo mejor es no denunciar porque después le van a poner presa a la pareja que, además, es el padre de sus hijos. En este tipo de delitos hay un vínculo emocional muy fuerte.
La revictimización es un problema que muchas víctimas encuentran durante el proceso de denuncia. La duda sobre su veracidad y la culpa que se les atribuye, tanto por parte de funcionarios como de su comunidad, hace que las víctimas sientan que son juzgadas y señaladas.
El Ministerio Público tiene entre sus materiales de educación un panfleto que describe la importancia de la perspectiva de género en la justicia: “el objetivo de la equidad o igualdad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamientos, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada una para garantizar el acceso de las personas a sus derechos”.
Denunciar y desistir
Según la legislación panameña actual, el delito de violencia doméstica no está entre los que admiten desistimiento. La principal razón es la protección de la víctima, quien puede sentirse presionada por el agresor para retirar la denuncia. Esto puede ponerla en grave peligro y continuar siendo víctima de abuso. Ya que los casos de violencia doméstica no son un asunto privado, se espera que mantener el proceso legal en marcha, incluso si la víctima desea retirar la denuncia, puede disuadir al agresor de cometer futuros actos de violencia y enviar un mensaje claro de que la violencia doméstica no será tolerada.
Pero hay muchas maneras que las personas encuentran para desistir. No atienden las llamadas del fiscal o dejan de asistir a las citas. Múltiples veces la exfiscal Maruquel Castroverde, autora de libros como El Femicidio y otros delitos de violencia contra la mujer por motivos de género, se encontró con víctimas que le decían, no puedo ir porque no tengo para el pasaje o para la comida. Y en muchos casos los fiscales le ofrecían comida o dinero para el pasaje, que suele ser recolectado entre los funcionarios. Pero no es una medida sostenible.
“Quién las puede culpar, el tiempo que se toma para avanzar en una investigación es largo. Muy largo. Y las mujeres que llegan tienen que enfrentar retos increíbles”, cuenta Castroverde.
Para avanzar con el proceso deben asistir a diferentes citas. Además de conseguir el dinero, deben encontrar con quién dejar a sus hijos. Para las que trabajan requieren solicitar permisos para ausentarse y asistir a las diligencias y para muchas es una situación incómoda de explicar. A la hora de ir a un juicio deben estar en la misma sala con el agresor y eso es muy intimidante para algunas víctimas.
La fiscal Lorenza Gutiérrez de la Sección de delitos contra la vida y la integridad del Ministerio Público señala la importancia de la participación activa de la víctima en el proceso porque es esencial para recopilar evidencia y llevar el caso ante un juez. “En ocasiones, nos enfrentamos a retos significativos cuando las víctimas, a pesar de presentar una denuncia inicial, pueden retirarse del proceso, lo que complica la prosecución legal”.
Esta desvinculación del proceso ocurre a pesar de la insistencia del Ministerio Público. Gutierrez expone de casos en que prácticamente se obliga a la víctima a venir. En esa situación ella ve una manifestación del ciclo de la violencia y que para muchas personas es difícil, emocionalmente, seguir un proceso contra alguien que es el padre de sus hijos y de quien estuvo enamorada.
Las víctimas pasan por un desgaste emocional que es difícil de entender desde afuera, dice la abogada Joyce Araujo. Para Araujo, la ausencia de juzgados especializados en violencia doméstica, dificulta el proceso judicial para las víctimas. En Panamá no existen juzgados especializados en violencia contra la mujer, confirmó, mediante un cuestionario, el Órgano Judicial. La entidad explicó que estos procesos ingresan al sistema penal acusatorio (SPA), que en fase de investigación e intermedia lo tramitan los jueces de garantías, y si pasa a la fase de juicio oral lo ve en Tribunal de Juicio cada oficina judicial.
Los acuerdos de pena
Una figura de la justicia que se ha incrementado en los últimos años es la del acuerdo de pena, un medio alterno para la solución de los conflictos. En el sistema penal panameño los acuerdos de pena permiten que un acusado admita su culpabilidad a cambio de una pena reducida. Acuerdo de Pena, regulado en el artículo 220 del Código Procesal Penal.
La ex fiscal Maruquel Castroverde reconoce que las personas al ver a un acusado libre piensan que no se hizo justicia. Pero aclara que los acusados tienen que reconocer su culpabilidad y esto queda en su prontuario. Para las víctimas puede significar una resolución más rápida de los casos.
La participación de las víctimas en los acuerdos de pena es limitada. Algunas abogadas señalan que sí tienen voz, pero otras dicen que no, que el acuerdo se hace entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor. Para los fiscales es una forma de obtener un resultado, antes de tener que pasar años litigando y arriesgarse a perder el caso.
En 2022, según el informe anual del Órgano Judicial, el Departamento de Asesoría Legal Gratuita Para las Víctimas del Delito de este órgano del Estado contaba con 72 defensores. Ese año ingresaron 11,100 casos, es decir que el índice de carga laboral fue de 154. Del total de casos 7,679 eran de mujeres, con un número elevado en lo que se llama delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, dentro de los que se incluye la violencia doméstica.
Para un equipo de profesionales saturado de trabajo también es un desafío atender las necesidades de justicia de la ciudadanía.
Reconocer la violencia, proporcionar orientación clara y comprensible, recopilar y analizar estadísticas precisas sobre la violencia de género es esencial para comprender la magnitud del problema y las áreas que requieren atención. La capacitación de los profesionales y la mejora de los sistemas de información son elementos clave para cerrar la brecha entre la denuncia y la sentencia, coinciden los entrevistados.
Esta Investigación es parte de la serie Persisten los desafíos en el acceso a la justicia por violencia de género del programa de investigación periodística Becas Justicia Hoy de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. La siguiente entrega será el 1 de diciembre.
